Trabajando en iniciativas para mejorar la economía de los ayuntamientos de la provincia

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13 noviembre, 2017

La próxima semana hay pleno en la Diputación de Alicante, y desde el grupo socialista queremos profundizar en aquellos temas que más importan a los ayuntamientos de la provincia. El PP en la Diputación ya ha demostrado lo poco que les importan los municipios, y sigue más empeñado en su propia imagen y hacer de oposición a la Generalitat Valenciana.

Por nuestra parte, y con el ánimo de conseguir una “Diputación más útil” volvemos a la carga con diversas cuestiones vitales para que los municipios cuenten con recursos.

En el plano de la gestión directa de la Diputación, hemos registrado una moción para que las famosas “nominativas”, las ayudas directas que el equipo de gobierno distribuye (a su antojo) entre municipios de la provincia, se gestionen con transparencia, consenso y bajo criterios objetivos. En concreto proponemos que el equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, con el fin de analizar y concretar las subvenciones nominativas que se conceden por parte  de la Diputación de Alicante, se pondrá en marcha una comisión especial a tal efecto, en aras del consenso, el diálogo y la ecuanimidad en su reparto.

En la misma moción, proponemos también que la Diputación de Alicante se comprometa a participar en el Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat Valenciana para el año 2018 con su parte correspondiente, y no ocurra lo que ha pasado este año, que los ayuntamientos de la provincia han recibido la mitad de recursos que los de Valencia y Castellón por este concepto.

Por otro lado, hemos presentado otra moción para que desde la Diputación de Alicante se inste a la Generalitat Valenciana, para que remita a la mesa del Congreso de los Diputados, una proposición de ley que derogue la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, por entender que no da respuesta la verdaderas necesidades de los municipios, además de limitar la prestación de servicios públicos básicos dirigidos a aquellos colectivos que más duramente han sufrido el impacto de la crisis económica y condiciona el ejercicio de las competencias legislativas en la Comunidad Valenciana.

 

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