Toni Francés: “Se ha demostrado que la Ley de Mancomunidades no va contra la Diputación, sino a favor de los ayuntamientos”

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  • Para el portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, el objetivo de la ley de mancomunidades “es fomentar la colaboración, la coordinación, acercar los servicios públicos a los ciudadanos, dotarlos de más herramientas para aprovechar las sinergias y las economías de escala”.

Alicante, 25 de septiembre de 2019.– Para Toni Francés, portavoz socialista en la Diputación de Alicante, es “una buena noticia que el Tribunal Constitucional haya dado la razón a la Generalitat Valenciana al establecer que dicha ley no vulnera la Constitución Española”.

Según ha explicado Frances, el objetivo de la ley de mancomunidades “es fomentar la colaboración, la coordinación, acercar los servicios públicos a los ciudadanos, dotarlos de más herramientas para aprovechar las sinergias y las economías de escala. No es una ley contra las diputaciones sino a favor de los ayuntamientos”, ha apuntado.

“Las mancomunidades nos son una competencia a la Diputación, sino complementarias, y la ley, como dice el constitucional, no vulnera la autonomía de las diputaciones sino que fomenta la autonomía de los municipios para organizarse como entiendan mejor”, insiste el portavoz socialista. Apunta también que “la estructura comarcal no es una estructura Catalanista sino valenciana. Los valencianos empezamos a organizarnos en comarcas a principio del siglo XV, mientras que las provincias y diputaciones son del XIX”.

En relación al recurso presentado en su momento por el PP, Francés considera “evidente” que el mismo, que presentaron los populares a través del anterior presidente de la Diputación -César Sánchez- y defendido también por el actual -Carlos Mazón-, “no era más que una estrategia política para intentar desgastar al gobierno autonómico, y de paso azuzar con el conflicto de Cataluña”.

A este respecto, Francés considera que la Diputación de Alicante, y especialmente su presidente, se encuentra ante una buena oportunidad para “cambiar el chip” y ver en esta ley “un nuevo aliciente para buscar la cooperación entre administraciones, la optimización de recursos y la puesta en común de iniciativas para mejorar la calidad de vida en los pueblos y ciudades. Esperemos que la sepan aprovechar”.

 

 

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